A la espera de que las medidas de choque impulsadas por la Consejería regional de Políticas Sociales puedan dar el fruto deseado, lo cierto es que la situación de la discapacidad y ladependencia en Canarias continúa siendo muy preocupante. Así lo confirma el propio departamento que dirige la vicepresidenta Patricia Hernández, quien en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo Podemos, Natividad Arnaiz, reconoce que un total de 25.047 personas esperan para una primera valoración de su grado de discapacidad. Además, otras 12.269 esperan por una revisión del grado, aunque la suma total de solicitudes que constan en los dos centros base de valoración de la discapacidad del Archipiélago asciende a 216.150 expedientes.
De igual modo, la Consejería de Políticas Sociales expone que el promedio de espera del reconocimiento de la discapacidad en el periodo de los últimos cinco años se sitúa en 480 días, es decir, casi 16 meses. La gravedad de esta situación es tal que el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece que “el plazo de resolución se dictará en un máximo de tres meses, pero cuando esta no se dicte en dicho plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada. Y ante dicha desestimación por silencio administrativo, podrá presentarse una reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral”, agrega el texto extraído del procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establecido por el Gobierno de Canarias. Desde el Ejecutivo autonómico exponen que “entre los años 2007 y 2015 no ha hecho sino aumentar el número de solicitudes registradas en los centros base de valoración de la discapacidad de Tenerife y Gran Canaria”, hasta llegar a la referida suma de 216.150 peticiones. Entre los motivos de este incremento exponencial, la Consejería alude a “diversos factores”, como la “puesta en marcha de recursos y derechos destinados a la población con discapacidad, medidas fiscales y prestaciones económicas, así como el acuciado efecto de la crisis económica”. Como ejemplo, Políticas Sociales cita el escaso número de solicitudes que se registraron en 2005, apenas 242.
En estos momentos, según cifras del Ejecutivo regional, 112.507 personas en las Islas tienen reconocido algún grado de discapacidad, a partir del 33% y hasta el 100%. “Los trabajadores no dan para más y no pueden con la carga de trabajo que tienen. Si el trabajo sale adelante es por su dedicación, porque son conocedores de lo importante que es este reconocimiento para las personas que lo solicitan”, denotan los sindicatos, una afirmación que suscriben tanto laplataforma Tenerife Discapacidad como CERMI Canarias.
